Balmaceda Parlamentario

La labor parlamentaria de José Manuel Balmaceda se prolongó por más de una década a partir de 1870, desde cuando ingresó a la Cámara de Diputados en representación del departamento de Carelmapu —perteneciente a la comuna de Maullín, en la provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos—, escaño que mantuvo durante cuatro períodos consecutivos, hasta 1882, año en que fue electo diputado propietario por Santiago y por Carelmapu. Sin embargo, no asumiría ninguna de las dos diputaciones ganadas, puesto que durante ese período se desempeñó como ministro en la cartera del Interior durante el gobierno de Domingo Santa María (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN], s. f.). Durante esta etapa de formación y consolidación política, según Nabuco (1914), formó parte activa de la «oposición reformista durante las presidencias de Pérez, Errázuriz y Pinto» (p. 25), distinguiéndose rápidamente por su elocuencia, oratoria y su perfil doctrinario marcadamente liberal.

Una vez ya en el Congreso, Balmaceda emergió como uno de los teóricos y promotores liberales más entusiastas de la transformación de la Constitución de 1833. Su influencia en la articulación del bloque y las ideas del reformismo constitucional se desplegaron a través de diversos cauces. En primer lugar, impulsó la limitación del Poder Ejecutivo y la no reelección presidencial, argumentando desde la presidencia del Club de la Reforma sobre la modernización de la Carta Fundamental: «Esta se reduciría a la reelección presidencial, la organización del Senado, la del Consejo de Estado, la reglamentación de las facultades extraordinarias» (Balmaceda, 2022, p. 56). También utilizó su escaño como diputado por Carelmapu para reafirmar la idea de que la democratización del sistema exigía acotar el autoritarismo presidencial mediante la regulación del artículo 62 de la Carta Fundamental, prohibiendo la reelección inmediata del mandatario y acotando las facultades extraordinarias del gabinete: «José M. Balmaceda, diputado por Carelmapu, en sesión del 4 de julio de 1871 formuló indicación para que en el artículo 62 de la reforma se expresara que debían transcurrir dos períodos (10 años) en lugar de uno para permitir la reelección» (Heise González, 1974, p. 38).

A la par, promovió de manera vehemente el principio de las incompatibilidades parlamentarias. Frente a la costumbre oficialista de cooptar la representación popular mediante funcionarios dependientes del Gobierno y por esto con mayor visibilidad pública,

Balmaceda fundamentó la necesidad de separar de manera estricta los cargos públicos del ejercicio parlamentario, denunciando en el debate del 10 de octubre de 1873 que «es cierto que los convencionales del 33 no declararon de un modo expreso la incompatibilidad entre las funciones de representante y las de empleado público rentado; pero, atendida la separación que hicieron de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, declararon implícitamente la incompatibilidad» (Balmaceda, 2022, p. 41).

Asimismo, Balmaceda se convirtió en el principal orador en favor de la secularización de las instituciones públicas. En un célebre discurso proclamó: «Matrimonio civil, secularización de cementerios, registro civil, separación definitiva entre la Iglesia y el Estado, todo, todo lo sometemos a esa solución de libertad... que es el derecho» (Balmaceda, 2022, p. 80). Esta fuerte campaña ideológica fue ponderada también en la obra de Joaquín Nabuco (1914), quien señala en palabras de Balmaceda que «ha sonado en el reloj de los acontecimientos la hora de realizar las cuatro aspiraciones más antiguas y más queridas del liberalismo chileno: cementerio común, matrimonio civil, registro civil y libertad de conciencia. Este grupo de reformas fue sustentado con la mayor tenacidad por Balmaceda y debe quedar inscrito en su nombre» (p. 27).

A este conjunto de reformas se sumó la constante defensa del fortalecimiento del Congreso y la interpretación parlamentarista de la Carta de 1833. Durante toda esta etapa de su vida política sostuvo que el texto constitucional consagraba la primacía del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo mediante el uso del voto de censura y la interpelación ministerial. En la sesión del 11 de agosto de 1881, subrayó la efectividad de estos mecanismos de control al afirmar que «puede un diputado, puede un Congreso aplicarle [al ministerio] el correctivo de la crítica parlamentaria, o el más eficaz, según los casos, del voto de desconfianza» (Heise González, 1974, p. 72).

Sumado a todo lo dicho anteriormente, su agenda parlamentaria trascendió las disputas doctrinales o refundacionales para enfocarse con igual firmeza en la modernización económica e infraestructura del país. Previendo los límites del modelo extractivo, argumentaba que «el auge salitrero no iba a ser eterno» (Bunster, 2003, p. 43) y que se debía capacitar a la nación para diversificar su riqueza. Desde esta perspectiva, promovió decididamente la extensión de la red ferroviaria pública, sosteniendo que «entre todas las maravillosas creaciones del siglo, ninguna tiene un poder más vasto, más renovador y más

intenso que el ferrocarril» (Balmaceda, 2022, p. 108), obra que se convertiría a la postre en uno de los pilares del plan de obras públicas de su posterior administración presidencial.

A lo largo de la década de 1870, Balmaceda se consolidó además como una figura articuladora dentro del fragmentado espectro político, buscando superar las rivalidades internas mediante un llamado a unir «a toda la tripulación liberal al puesto del deber» (Balmaceda, 2022, p. 74), proyección que cimentó su liderazgo dentro de la Alianza Liberal y abrió paso a suposterior incorporación al gabinete ministerial.